15 de febrero, 2020 | admin | Radio Tele
(El Heraldo).- Ernestina Godoy Ramos, entregó a la mesa directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto.
A los funcionarios públicos que pertenezcan a una institución policial de la Ciudad de México que difundan información sobre delitos en la Ciudad de México, donde las víctimas fueron de mujeres, niñas o adolescentes, podrían recibir penas de hasta 16 años de prisión, luego de lo ocurrido en el feminicidio de Ingrid Escamilla.
En caso de ser servidores públicos que no están en un organismo policial, obtendrían como máximo 12 años de cárcel, en caso también de difundir un crimen que padecieron mujeres, niñas o adolescentes.
La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, entregó a la mesa directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 293 al Código Penal para el Distrito Federal.
Éste sostiene que “al que
indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga,
remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme,
reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes,
audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo,
indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados, con el
procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la Ley
señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de
quinientas a mil unidades de medida y actualización”.