Pide SEE evitar compra ilegal de certificados escolares.

Pide SEE evitar compra ilegal de certificados escolares.

La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informa a madres y padres de familia, estudiantes y público en general que es fraudulenta cualquier información que circule en redes sociales respecto a la posibilidad de adquirir certificados oficiales de secundaria y bachillerato.

Ante ello, la SEE los exhorta a evitar la probable compra ilegal de dichos documentos. No sólo quien ofrece a la venta certificados de cualquier tipo, nivel o modalidad educativa comete un delito; quien los compra y presenta como propios también lo comete.

Los certificados originales están sustentados en el historial académico de cada alumno y cuentan con un timbrado infalsificable, por lo que esta documentación sólo se puede obtener cursando el nivel educativo correspondiente y son entregados exclusivamente por las instituciones públicas y privadas facultadas para impartir educación básica, media superior y superior.

Por lo anterior, el secretario de Educación, Héctor Ayala Morales pide a la población en general a no caer en este tipo de prácticas que derivan en engaños o estafas. “En la SEE, las autoridades correspondientes permiten a los estudiantes obtener su grado de estudios en educación básica y media superior y superior de manera legítima. Hay opciones públicas y privadas escolarizadas, abiertas y a distancia que permiten a todos los michoacanos tener un certificado legalmente”, señaló.

Informó que para realizar cualquier trámite se deben consultar las fuentes oficiales de la SEP; así como de la Secretaría de Educación en el Estado.

Es importante subrayar que a todo aquel que se sorprenda promoviendo la expedición y uso de un documento que no sea realizado por la autoridad competente puede constituir en la comisión de un delito, del orden federal o fuero común, bajo lo señalado en los supuestos del artículo 299 del Código Penal para el Estado de Michoacán y artículo 243 del Código Penal Federal, que contempla una pena tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días de  multa.

Por lo anterior la SEE exhorta a la población en general a estar alerta ante la posibilidad del engaño y no contribuir a las malas prácticas que son constitutivas de actos antijurídicos.

Comentarios