30 de julio, 2019 | Rossana Solorzano | Radio Tele
(EL PAÍS).- El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, elevó este lunes ante la Corte de Constitucionalidad un amparo para frenar el pacto firmado el viernes entre el Gobierno de Donald Trump y el de Jimmy Morales. Según lo acordado, los refugiados que soliciten refugio o asilo en Estados Unidos pueden recibir la misma protección en el país centroamericano y, al haber pasado por este antes, se les canalizará de nuevo a suelo guatemalteco. Una fórmula que, en la jerga política diplomática, implica convertir a Guatemala en “tercer país seguro”.
Además, hay una petición para que el Gobierno de guatemalteco garantice a la población el derecho a manifestar su desacuerdo libremente, y solicita la destitución del titular de Gobernación, Enrique Degenhart. El amparo de Rodas se suma a otros promovidos el pasado fin de semana por el abogado Marco Vinicio Mejía y Acción Ciudadana, la división guatemalteca de Amnistía Internacional, que también califican el acuerdo como ilegal.
El procurador Rodas subraya que “los acuerdos firmados bajo amenazas no surten efectos legales”, en alusión a los tuits en los que Trump amenazaba con aranceles a Guatemala y con prohibir el ingreso de sus ciudadanos a territorio estadounidense, algo que puso en alerta a los poderes económicos del país, que cerraron filas en torno a Morales ante la posibilidad de que se cerrase su principal mercado, destino de algo más del 40% de las exportaciones guatemaltecas.
En grandes sectores de la población guatemalteca se ha establecido un
consenso en torno a la idea de que cuando el país ni siquiera tiene
capacidad de garantizar a la ciudadanía derechos tan elementales como
educación, salud, nutrición y vivienda, resultará muy complejo brindar
un mínimo a quienes buscan refugio en la primera potencia mundial.
Las estadísticas oficiales respaldan este sentimiento: Guatemala tiene una de las cifras de mortalidad infantil más altas del continente, con 24,8 muertes de bebés por cada 1.000 nacidos vivos y uno de los índices de desnutrición infantil crónica más altos del mundo: 46,9 menores de cinco años la sufren. En vivienda las cosas no están mucho mejor: una de las proyecciones más recientes sitúa el déficit habitacional en 1,8 millones para 2013, una cifra al alza debido a los altos índices de natalidad. El empleo también ofrece cifras de espanto: el 65,8% de la población en edad de trabajar sobrevive en la economía sumergida, cifra que se eleva al 80,3% entre la población campesina de origen maya.
En grandes sectores de la población guatemalteca se ha establecido un
consenso en torno a la idea de que cuando el país ni siquiera tiene
capacidad de garantizar a la ciudadanía derechos tan elementales como
educación, salud, nutrición y vivienda, resultará muy complejo brindar
un mínimo a quienes buscan refugio en la primera potencia mundial.
Las estadísticas oficiales respaldan este sentimiento: Guatemala
tiene una de las cifras de mortalidad infantil más altas del continente,
con 24,8 muertes de bebés por cada 1.000 nacidos vivos y uno de los
índices de desnutrición infantil crónica más altos del mundo: 46,9
menores de cinco años la sufren. En vivienda las cosas no están mucho
mejor: una de las proyecciones más recientes sitúa el déficit
habitacional en 1,8 millones para 2013, una cifra al alza debido a los
altos índices de natalidad. El empleo también ofrece cifras de espanto:
el 65,8% de la población en edad de trabajar sobrevive en la economía
sumergida, cifra que se eleva al 80,3% entre la población campesina de
origen maya.
Con todo, la posibilidad real de que las acciones promovidas en contra de convertir a Guatemala en ¨tercer país seguro¨ tienen, según el sociólogo Gustavo Berganza, pocas posibilidades de salir adelante. Señala que la débil institucionalidad hará muy difícil resistir las enormes presiones de la patronal y los poderes fácticos, a los que se ha sumado la Embajada de Estados Unidos. “Lo veo muy difícil”, dice a EL PAÍS.
En el otro plato de la balanza está la presidenta de la Fundación Mirna Mack, Hellen Mack, que se muestra esperanzada de que el acuerdo pueda quedar sin efecto. “Le veo muchas posibilidades”, afirma, pero puntualiza que “la clave está en el Ministerio Público, en que la fiscal general cumpla con su deber”. Mack recuerda que en EE UU también hay congresistas que apuntan que el acuerdo viola la legislación del país norteamericano.
En conversación telefónica con este diario, Jordán Rodas dice confiar plenamente en que la Corte de Constitucionalidad falle conforme a derecho. “El acuerdo no solo contradice la Constitución guatemalteca, sino la convención de Viena. Eso lo hace nulo. Reitero mi confianza en que resuelva en derecho y sin presiones”, cierra.
INFORMACIÓN E IMAGEN DE LA FUENTE: EL PAÍS