Ley de protección a los defensores de los derechos humanos y periodistas por Wilfrido Lázaro Medina

Ley de protección a los defensores de los derechos humanos y periodistas por Wilfrido Lázaro Medina

 

WILFRIDO LÁZARO MEDINA, en mi carácter de Diputado integrante de la Septuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 36 fracción II y 44 fracción I de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 8 fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos de este Poder Legislativo, ante usted comparezco a exponer:

Vengo a presentar para, y ante, el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán de Ocampo, la que fundo y motivo en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El fundamento constitucional

En el primer párrafo del artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el país “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte”. Hace patente en el párrafo tercero del mismo artículo que,  en consecuencia, el Estado “deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

Defensores de los derechos humanos y periodistas

En la Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la cual se aprobó la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos en 1998, en ocasión del quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Declaración estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor. No establece nuevos derechos, sino que articula los ya existentes de manera que sea más fácil aplicarlos a la función y situación prácticas de los defensores.

En la Declaración se enuncian algunos deberes concretos de los Estados y la responsabilidad de todos con respecto a la defensa de los derechos humanos, además de explicar su relación con el derecho nacional.

También deseo hacer referencia a otra Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2014, 69/185, sobre “La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad”

La Asamblea General de Naciones Unidas, guiada por sus propósitos y principios, reafirmando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como “Pacto de San José Costa Rica”, al que se adhirió México, según consta en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 1981,y los Tratados internacionales de derechos humanos pertinentes, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional para la Protección de Todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales, teniendo presente su resolución 68/163, de 18 de diciembre de 2013, relativa a la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, en la que proclamó el 2 de noviembre como Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas, el informe del Secretario General, tomando en consideración del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, que hizo suyo la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas el 12 de abril de 2012, en el que se invitaba a los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas a que trabajaran con los Estados Miembros para que los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación pudieran desempeñar su función libremente y en condiciones de seguridad, tanto en las situaciones de conflicto como en otras situaciones, con miras a fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo en todo el mundo.

El derecho a la libertad de opinión y de expresión es un derecho humano garantizado para todos, en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de que constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática y una de las condiciones básicas para su progreso y desarrollo.

Disposiciones constitucionales

En nuestro sistema normativo, en el artículo 6º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo establece que “El derecho a la información será garantizado por el Estado”, y en su párrafo segundo que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.

El artículo 7o. de la Carta Magna dicta que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información o ideas, a través de cualquier medio” y en su segundo párrafo establece que “Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los establecidos en el primer párrafo del artículo 6º. de esta Constitución”, que se refiere a que “La manifestación de la ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturben el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”.

Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Desde el 25 de junio de 2012 fue promulgada la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que en el Capítulo VIII, Medidas de Prevención, en su artículo 41 establece que “La Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán desarrollar e implementar Medidas de Prevención”.

En el artículo 42, los órdenes de gobierno federal y estatal en sus respectivas competencias “recopilarán y analizarán toda la información que sirva para evitar Agresiones potenciales a personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas”.

En el artículo 44, prescribe que la Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias “promoverán el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de que sean objeto”.

Algunos datos recientes:

Según Reporteros sin Fronteras (RSF) México, Guatemala, Colombia, Venezuela y Honduras están en el grupo calificado como de “situación difícil”. En el caso de México se destaca el deterioro que ha sufrido desde el 2002 año en el que ocupaba el puesto 75 y ahora ha caído más de 75 puestos en los últimos 15 años, es decir ahora se ubica en el lugar 147 de 180 países, solo detrás de Siria y Afganistán.

Desde que se elaboró el Informe de 2016 en México, donde según Reporteros sin Fronteras impera la corrupción y el crimen organizado a nivel local, han sido asesinados 10 periodistas, “con una nueva avalancha de asesinatos en 2017” “en los estado de Veracruz (la zona más peligrosa de América para ejercer la profesión), Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, donde es extremadamente peligroso para los periodistas cubrir noticias y la impunidad para los crímenes contra los medios alimenta un círculo vicioso” que se profundiza año tras año.

En otra información, publicada en El Universal el 7 de abril pasado, según Roberto Rock, “desde el año 2000 123 periodistas han sido asesinados, de acuerdo con el registro más confiable, el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Al menos otros 15 están declarados desaparecidos. Cientos de atentados –torturas, vejaciones, amenazas, tiroteos- han sido perpetrados en el mismo periodo contra informadores y contra instalaciones de empresas periodísticas”.

En los meses de marzo, abril y mayo de este año, en México han sido  asesinados de 6 periodistas: Cecilio Pineda en Guerrero, el 2 de marzo; Ricardo Manlui en Veracruz  el 5 de marzo; MiroslavaBreach asesinada en Chihuahua el 23 de marzo, Maximino Rodríguez, asesinado en  La Paz, Baja California el 15 de abril, Filiberto Alvárez, asesinado en Tlaquitenango Morelos el 2 de mayo; y Javier Valdés Cárdenas, en Culiacán Sinaloa el 15 de mayo; el mismo día Sonia Córdoba y Jonathan Rodríguez, esposa e hijo del Director de El Costeño de Autlán, Jalisco, fueron balaceados; y 7 reporteros fueron retenidos, amenazados y despojados de una camioneta y equipos por encapuchados en la tierra caliente guerrerense -entre Iguala y Ciudad Altamirano-,lo que ha provocado una ola de indignación en toda la población.

El pasado 2 de abril, después de 27 años de servicio se verificó el cierre definitivo del Periódico Norte de Ciudad Juárez, donde colaboraba MiroslavaBreach, cuya “trágica y sentida muerte….me ha hecho reflexionar sobre las adversas condiciones en que se desarrolla el ejercicio del periodismo”, dijo su director y propietario.

En la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Michoacán en 2015 se presentaron 3 quejas en contra de la Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y Policía Municipal de Ecuandureo, respectivamente, por la violación a la libertad de expresión y abuso de autoridad.

En la misma Comisión Estatal en 2016 se presentaron 8 quejas, 4 contra la Policía Michoacán; 1 contra la Policía Municipal de Tacámbaro; 1 contra la Procuraduría General de Justicia del Estado; 1 contra el CERESO “David Franco Rodríguez” sección de delitos de alto impacto; y 1 contra el Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

En esta misma Comisión en 2017 se presentaron 2 quejas: 1 contra la Secretaría de Seguridad Pública y otra contra la Coordinación de Comunicación Social, ambas por violación a la libertad de expresión.

Las del 2015 se concluyeron por falta de interés de la parte actora, por lo que fueron archivadas y no se emitió ninguna recomendación. En cuanto a las del 2016, 6 concluyeron por falta de interés de la parte actora y 3 están en trámite, más las 2 de 2017, lo que hace un total de 5 quejas en trámite.

El Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistasprevisto en laLey Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Este Mecanismo de Protección para Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas ha venido operando desde su creación y de acuerdo al “Informe Estadístico Marzo de 2017”, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong, registra que entre 2013 y 2017 el total de las solicitudes de  presentadas fueron de 405, de las cuales 175 corresponden a solicitudes de incorporación por parte de personas defensoras fue de 175 y por parte de periodistas fueron 230.

En este periodo de Michoacán se presentaron 14 solicitudes y actualmente hay 34 personas beneficiarias, de las cuales corresponden 26 a defensores de derechos humanos y 8 de periodistas.

De 2012 a 2017 la cantidad de expedientes concluidos fue de 115, de los cuales 29 corresponde a personas defensoras y 86 de personas periodistas.

Se realizaron en este mismo periodo 59 sesiones de la Junta de Gobierno. El total de casos atendidos fue de 1159 y respondieron 260 solicitudes de información pública. Esto nos habla de que el instaurado mecanismo de protección creado es un mecanismo eficaz, que es conveniente replicar en la Entidad.

La Iniciativa de Ley para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán de Ocampo.

Deseo resaltar que para la integración de esta Iniciativa se hizo un ejercicio de derecho comparado con la legislación de las entidades federativas, elaborado por el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos de este Honorable Congreso, en el que nos aportó elementos para determinar el contenido sustantivo e incluimos elementos del Dictamen legado por la LXXII Legislatura y se trabajó en sus generalidades con los promotores del anterior Dictamen.

El objetivo primordial es hacer viable la creación de un Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán, mediante la armonización de la legislación local con la federal.

Contempla la creación de un Mecanismo de protección que opera con una Junta de Gobierno (dependiente o asignado a la Secretaría de Gobierno), que integra a las dependencias que le dotan de la ejecutividad necesaria para implementarse un mecanismo completo.

También la instauración de un Consejo Consultivo que estará integrado por personas defensoras de derechos humanos, empresas de mediosde comunicación y periodistas,que colaborarán muy de cerca de la Junta de Gobierno, pues sus observaciones serán de gran valía para que el Mecanismo cada vez sea más eficiente y logre su objetivo, que es garantizar la protección.

De la Junta de Gobierno depende la Coordinación Ejecutiva Estatal que tiene como atribuciones principales la operatividad de las medidas de prevención, de protección, urgentes de protección y de carácter social que sean necesarias para garantizar la protección de los peticionarios, esta Coordinación tendrá consigo las unidades de: Recepción de casos y reacción rápida; De evaluación de riesgos; y, De prevención seguimiento y análisis. Cada una de estas con responsabilidades detalladas  dentro de la Iniciativa, que la dotará de operatividad y de resultados.

La iniciativa hace partícipes a los municipios en el Mecanismo y en las acciones de prevención con el fin de coordinar y sumar esfuerzos, ya que el municipio es el primer ente gubernamental al que los ciudadanos tienen acceso, no tomarlo en cuenta restaría operatividad y celeridad al Mecanismo.

Establece un Fondo (fideicomiso) que operará con aportaciones de los gobiernos Federal, Estatal, municipales y privados, con el fin de dotar de recursos al Mecanismo y que este funcione adecuadamente.

La Iniciativa contiene sanciones que van vinculadas a los servidores públicos que de forma dolosa hagan mal uso de la información de los solicitantes o peticionarios, así como de las operaciones del Mecanismo, que incluyen de 2 a 9 años en prisión, de 70 a 400 veces la unidad de medida y actualización, así como la destitución e inhabilitación de 2 a 9 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Termino señalando que con esta iniciativa comenzamos a dar forma para que:El Estado y sus municipios en el ámbito de sus respectivas competencias promuevan el reconocimiento público y social de la importante labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para la consolidación del Estado Democrático de Derecho, y condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean objeto.

Todo lo cual nos permite concluir que es un instrumento adecuado para protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Michoacán de Ocampo, que desde luego está abierta para su perfeccionamiento en Comisiones con la participación de los integrantes de esta Honorable Legislatura y de los interesados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Decreto por la cual se expide la:

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS.

 

 

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, Morelia, Michoacán a los 17 días del mes de mayo de 2017.

 

A T E N T A M E N T E

 

DIPUTADO WILFRIDO LÁZARO MEDINA

 

 

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