Analizan Comisiones de víctimas, herramientas para investigar violaciones graves de derechos humanos

Analizan Comisiones de víctimas, herramientas para investigar violaciones graves de derechos humanos

 

Personal de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán (CEEAV) participa en la sesión de trabajo para la Presentación de Herramientas para la Investigación Penal de Violaciones Graves de Derechos Humanos en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

En el evento convocado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal (CEAV), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde) se abordaron aspectos como la obligación de elaborar protocolos y manuales, especialmente para los casos de tortura y desaparición forzada.

Igualmente, se intercambiaron opiniones entre la CEAV y las comisiones de víctimas de Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, sobre los criterios que aplica el organismo federal en cuanto a asesoría jurídica para la investigación y seguimiento de estos delitos, a fin de llegar a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas.

Asimismo, se tocaron temas como “Acompañamiento integral a víctimas en la atención de casos de tortura y desaparición”, “Introducción a la metodología de las herramientas para la investigación penal de violaciones graves de derechos humanos en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio”, “Investigación de los delitos de tortura”, y “Reforma de la Ley General de Víctimas y la homologación de pautas de actuación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas”.

El titular de la Dirección de Asesoría Jurídica en Derechos Humanos de la CEEAV, Javier Bucio Gómez explicó que el evento realizado los días 7 y 8 de septiembre en la Ciudad de México, se les dio a conocer que la víctima puede exigir al Estado la reparación del daño a través de la Ley de Responsabilidad Patrimonial.

Explicó que, por ejemplo, en Nuevo León las dependencias estatales tienen como obligación separar un recurso de su presupuesto a fin de responder a las recomendaciones emitidas por violaciones a los derechos humanos, en cuanto autoridades responsables.

 

 

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