Ana Guevara, en el carril de la corrupción

Ana Guevara, en el carril de la corrupción

(PROCESO).- Desde que Ana Guevara asumió la Dirección General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) tres empresas –en complicidad con las federaciones deportivas– son utilizadas para triangular los recursos públicos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) y financiar con sobreprecios los viajes a campamentos y competencias.

El modus operandi comienza con las federaciones deportivas que solicitan el dinero a la Conade con apenas unos días de anticipación antes de un evento deportivo, lo cual elude la revisión del presupuesto solicitado, fuerza a que estas empresas financien los viajes y que cantidades millonarias tengan que ser reembolsadas.

Las tres empresas que ofrecen servicios de boletos de avión, hospedaje, transportación terrestre, hidratación para los atletas y hasta las inscripciones de éstos en las competencias son: Édgar García Morales y Asociados, S. de R.L. (GC RENTAL CAR), una arrendadora de vehículos; Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur, S. de R.L., compañía que ofrece servicios de industrias energéticas e ingeniería civil, agrícola, mecánica, eléctrica, electrónica, física, industrial, empresarial, ambiental, química, petrolera, robótica, en sistemas y automotriz, ambas con sede en Ciudad del Carmen, Campeche; y Volare Travel Shop, S.A. de C.V., una agencia de viajes.

Los responsables de revisar los presupuestos que presentan las federaciones son los metodólogos, un grupo de especialistas en los distintos tipos de deporte (de combate, raqueta, conjunto, arte competitivo, etcétera) que tienen la facultad de revisar la viabilidad técnica del evento deportivo que se solicita (número de participantes, objetivo deportivo del campamento o competencia) y también que los presupuestos se apeguen al buen uso y ejercicio de los recursos públicos.

Este grupo de especialistas fue desaparecido por Guevara bajo el argumento de que “son el tronco que impide el diálogo entre los atletas y la federación, por eso los eliminamos”. Así lo dijo en la conferencia de prensa que dio el 21 de mayo último en las instalaciones de la Conade.

Pese a que históricamente los atletas (incluida Guevara cuando competía) se han quejado del desaseo y de los abusos con los cuales se conducen los presidentes de las federaciones deportivas, la titular de la Conade les cerró las puertas de esta dependencia federal a los deportistas, les pidió que no acudieran con ella y que todos sus problemas los traten con los federativos.

La razón del fideicomiso Fodepar, creado en 1998, es contar con dinero para apoyar a los atletas mexicanos de élite, también a sus entrenadores y a los integrantes de los equipos multidisciplinarios (médicos, fisiatras, nutriólogos y sicólogos, entre otros), pero en realidad se ha convertido en la caja chica de la Conade para sacar recursos a discreción y –en la administración de Guevara– mediante tres empresas, inflando el costo de los eventos deportivos.

Para recibir los recursos públicos del Fodepar (se conoce como apoyos directos), las federaciones deportivas deben presentar un Programa Operativo Anual (POA) en septiembre del año anterior. Éste será revisado por el Área Técnica de la Conade (los metodólogos), que valorará los objetivos deportivos (si está justificado el viaje) y revisará los montos que se solicitan para cada campamento o competencia internacional o nacional.

Así se genera una carpeta preaprobada para que en el siguiente año fiscal la Conade tenga ya un cálculo de cuánto necesita cada federación y se respeten los montos y eventos deportivos aprobados.

Después, para acceder a los recursos, cada federación solicitará con 20 días hábiles de anticipación el dinero para un evento en específico, lo cual debe ir acompañado con tres cotizaciones. Una vez aprobado, la federación o el beneficiario (que puede ser un atleta, entrenador o cualquier becario del Fodepar) recibirá el dinero para ejercerlo y deberá comprobarlo a más tardar 30 días después. Si no lo hace, está impedido de volver a recibir recursos públicos.

Imagen PROCESO

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